Un árbitro y un pacificador para las familias en conflicto
Un proceso de separación o divorcio puede terminar convirtiéndose en una fuente continua de conflictos en los que los menores se ven implicados de manera directa. De ahí la importancia de implantar fórmulas alternativas “al enfrentamiento judicial como la medicación, que posibilita seguir manteniendo una relación de coparentalidades tras la ruptura de la pareja” como reseña la decana de Ciencias de la Educación y del Deporte.
Francisca Fariña es la directora de las Jornadas de Formación en Mediación Familiar y Derecho Colaborativo, con las que este lunes dio inicio una semana dedicada a la resolución pacífica de conflictos y a las “vías alternativas al enfrentamiento judicial” en este centro del campus.
Lo hizo con la primera edición de unas jornadas dirigidas tanto al alumnado como a profesionales de ámbitos como el derecho, la psicología o el trabajo social, en las que participaron las abogadas Carmen Varela, directiva del Instituto Internacional de Derecho y Mediación y Isabel Bonilla, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de abogados de Familia (Aeafa), y a la también letrada y mediadora Montserrat Tur. Tres expertas que coincidieron a la hora de que denuncie el “exceso de judicialización como uno de los problemas fundamentales el derecho de familia”.
UNA FIGURA “PACIFICADORA” A IMPLANTAR
El coordinador parental, una “figura importante para la pacificación de los conflictos de familia, que aun no está regulada en el ordenamiento jurídico español”, centró la intervención de Isabel Bonilla, que ahondó en el trabajo que podría desempeñar un profesional que ya existe en países como Estados Unidos.
Se trata, relató, de una “persona experta en conflictos de coparentalidad” que trabaja “en la normalización de las relaciones, algo fundamental cuando hay niños de por medio” y que desarrollaría su cometido en el momento de la ejecución de una sentencia judicial.
En este sentido, la representante de Aeafa incidió en que este coordinador tendría “unas pequeñas facultades de árbitro” en determinadas cuestiones vinculadas con un proceso de separación, con el objetivo de que evitar de que un divorcio se vea sucedido “de nuevos juicios o denuncias penales”.
Su cometido se centraría en tratar de resolver las diferencias que puedan existir entre los progenitores sobre aspectos como el régimen de visitas, el cambio de colegio de los menores o los viajes de los niños. No sería pues, un profesional al que se atribuirían “las funciones propias de un juez”, sino que su trabajo vendría marcado por este, “que podría incluir en la ejecución de la sentencia la necesidad de su intervención por un tiempo determinado y con unas funciones determinadas”.
A este respecto, Bonilla subrayó que “los niños van a seguir sufriendo el conflicto después de la sentencia” e incidió en la necesidad de contar profesionales que contribuyan a “cambiar una relación deteriorada por otra basada en el respeto mutuo”, rompiendo con la dinámica de que, en un proceso judicial, “tiene que haber vencedores y vencidos”.
Fuente: www. pontevedraviva.com
